Aun cuando varios países se oponen a la intervención del Estado contra las ONG que reciben fondos de cooperación internacional, la dictadura parlamentaria prosigue en su postura injerencista inconstitucional e ilegal.
Y es que, como cualquier institución privada no estatal, las ONG tienen su propio estatuto y se rigen por ella, no debiéndose inmiscuir el Estado en ellas.
Y es que la propia Carta de 1993 establece que existe la libre asociación, contratar con fines lícitos y a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada- conforme señala el art. 2), numeral 13), 14), y 3), de la Carta de 1993, etc.; por lo que el Estado no puede intervenir en ellas en ninguna forma ni monitorearlas ni tutelarlas.
Ni la dictadura parlamentaria ni la dictadura de Dina Rolex pueden intervenir porque nunca lo han hecho siquiera con empresas mafiosas tipo Odebrecht o Graña y Montero- los cuales siguen funcionando con otros nombres y hasta ganan licitaciones convocadas por el propio Estado- por lo que su intervencionismo a las ONG con el cuento de que rindan cuentas, obedece al interés político del Estado de controlar los fondos de la cooperación internacional y limitar sus acciones que señalan los Objetivos institucionales de las ONG.
No sorprendería que los terroristas del fujimontesinismo visiten a las fuentes cooperantes acusándolas también de ser cómplices de terrorismo y hasta de cualquier delito futuro como se hace con los activistas del FREDEPA Ayacucho y luchadores sociales antigolpistas que desde el 7 de diciembre del 2022 denuncian y se movilizan contra el golpe de estado de ese día.
Una ley de ese tipo, entonces, no puede aceptarse.
Y si el Estado señala que con sus fondos intervienen en política y ponen en riesgo la estabilidad democrática o las inversiones en el país- que solo se hace para beneficio de sus accionistas y depredando ecosistemas- esto no constituye delito.
Y lo prueba el hecho de que hasta hoy no existe algún juicio entablado por el Estado por uso ilegal de los fondos de las ONG a ese respecto o que el Estado haya ganado algún juicio en ese sentido.
Ni los fujimontesinistas desde su golpe de estado del 5-4-92 hasta su salida el 2001, pudieron probar algunas de sus acusaciones de que las ONG eran cómplices del denominado terrorismo o terroristas, terminología usada por el imperialismo yanqui e inglés, desde los años de Ronald Reagan y Margaret Tacher, para desacreditar a los luchadores de los pueblos y sus derechos.
Tampoco pudieron probar nada contra las ONG ni los gobiernos genocidas y corruptos de Fernando Belaunde Terry y Alan García en los 80, quienes también acusaban a las ONG de conspirar contra el orden democrático por las denuncias que hacían contra la sistemática violación de los derechos humanos en ese periodo.
Como el Estado puede decir que va a controlarlas ONG si ni siquiera puede controlar la anemia propalada ya en 700,000 niños de 0-3 años que lo padecen, o a su propio Programa Qali Warma que entrega alimentos que enferman a los escolares o al SIS que no solo es una coladera de clasemedieros y donde no se entregan medicinas ni se atienden en todos los paquetes de atención, etc., ¿etc.?
El país repudia este avasallamiento a las ONG por el Estado, pero que es propio en dictaduras como la que hoy asola al país desde el 7-12-22.
Y condena también el terruqueo político que hacen ONG como el CENTRO WIÑAQ que con su falsa especialista Daniela Ibáñez respalda este injerencismo; centro que además resulta ser una caja de pandora pues tiene en sus elementos a activistas de la liquidación de derechos de los campesinos que defienden sus territorios ante la depredación de las grades mineras como la Minera Las Bambas del imperialismo chino (1).
Ibáñez dice que resultan sospechosos los fondos de las ONG, pero calla frente a la actividad también sospechosa de bancos y mineras que mueven miles de millones de dólares, con fondos de la tala ilegal, prestamos sobrevaluados originados en inversionistas de paraísos fiscales, minería legal e ilegal, etc., cuyos montos son casi el 50% del PBI peruano.
ONG a la que, pese a que hace activismo político anti derechos populares, tampoco exigimos su intervención pues son las masas populares las que al final decidirán el destino de quienes hacen activismo político sea para respaldarlas o rechazarlas.
Fuera las manos del Estado de las ONG!
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Notas
- Ver:
https://www.centrowinaq.com/articulos/el-conflicto-en-las-bambas-y-riesgos-sobre-el-sector-minero
