EL GOLPE DE ESTADO Y LAS IZQUIERDAS
Apenas minutos después de que el presidente Pedro Castillo pronunciara su proclama política del 7 de diciembre de 2022, la derecha montó el libreto del autogolpe de Estado, forzando la comparación con Alberto Fujimori, y, concluyendo, por tanto, que el Congreso hizo lo correcto al votar la vacancia. Esa es la única manera que tienen para legitimar su accionar ilegal e ilegítimo, y justificar la posterior masacre.
Este relato mediático fue santificado por el gobierno de los Estados Unidos en un pronunciamiento de rechazo al acto “extraconstitucional” del presidente Castillo y luego “celebrando” la designación de Boluarte (La República, 07.12.2022). En el mismo sentido se pronunciaron todas las “instituciones democráticas” en santa alianza: Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Confiep, la cúpula eclesial, etc. Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo nunca condenó el golpe de estado congresal, por el contrario, demandaron al Congreso “declarar la responsabilidad del presidente de la República (…), y la conducción célere del procedimiento de sucesión presidencial para asegurar la gobernabilidad presidencial y la defensa de los derechos humanos en el corto plazo”, y calificaron a las Fuerzas Armadas como “instituciones ejemplares de nuestra democracia”. Es decir, se avaló y se avala a una dictadura que perpetró una masacre, la cual incluyó (apenas una semana después de su comunicado) el asesinato extrajudicial de un ciudadano en Ayacucho que brindaba servicios de transporte a la propia Defensoría del Pueblo, mientras este se encontraba en la puerta de su casa ayudando a los heridos (Defensoría del Pueblo 2022).
Pero no fueron los únicos, el discurso del “autogolpe” fue ―y es― repetido erróneamente por un sector de la izquierda que intenta justificar sus yerros, actúa con revancha y con un “sentido de la oportunidad” muy desarrollado. No se debe olvidar que el golpe congresal es conseguido con los votos o abstención de la mayoría de la izquierda parlamentaria, salvo seis honrosas excepciones.
Inmediatamente después de la vacancia, diversas organizaciones vinculadas a la izquierda parlamentaria se pronunciaban. Más que denunciar que se trataba de un golpe de Estado contra del presidente Castillo y el mandato popular, enfilaban contra el mandatario legítimo y proponían rápidamente el adelanto de elecciones. Es decir, el planteamiento esbozado por Sagasti y la derecha liberal meses antes (La República, 21.07.2022) y el cual nunca generó un apoyo popular y menos un levantamiento, apenas apoyo mediático de algunos sectores de la clase media limeña. Así, por ejemplo, el mismo 7 de diciembre se difundió en las redes sociales de la Asamblea Nacional de los Pueblos-ANP el pronunciamiento de una organización que adhiere a aquella, denunciando “la ruptura de la institucionalidad democrática por parte del presidente Pedro Castillo” y reconociendo a “Boluarte como nueva presidenta” (ANP, 2022); mientras una de las líderes de este sector político señalaba en su cuenta oficial que el mandatario “perpetró un golpe emulando a Fujimori” y arengaba “que se largue Castillo!” [sic] (Mendoza, 2022); asimismo, el 10 de diciembre se repartió en una asamblea de la ANP un pronunciamiento que reconocía al “gobierno entrante”, equiparaba política y moralmente al gobierno del presidente Castillo con el Congreso, siguiendo siempre el discurso del autogolpe, pronosticaban erróneamente que el gobierno de Boluarte sería “débil” y arengaban el “¡adelanto de elecciones con Asamblea Constituyente!” (Elecciones Adelantadas y Nueva Constitución, 2022).
No obstante, a pesar de que la prensa mercenaria y todos los poderes fácticos se han encargado de repetir la consigna del “autogolpe”, empaquetándola en el papel de regalo de la gobernabilidad democrática y vendiéndonosla como verdad revelada, son más los peruanos conscientes que rechazan ese discurso. Si consideramos las encuestas como un indicador relativo (consideramos que están bajo sospecha por las denuncias de favorecimiento al fujimorismo en los 90, por lo que puede haber un sesgo de derechas), tenemos como resultado que el sur del país y los niveles socioeconómicos más proletarios consideran que fue el Congreso quien dio un golpe de Estado: 74% y 63%, respectivamente. Mientras que las clases altas (88%) y medias (66%), así como Lima (62%) son las que asumen el discurso derechista del “autogolpe” (IPSOS, 2023). Estos resultados coinciden en cifras y territorio con los resultados electorales del 2021 y son una fotografía de la lucha de clases, del racismo, el centralismo y las diversas contradicciones exacerbadas por la crisis que hemos expuesto.
LEVANTAMIENTO POPULAR
Mientras esto sucedía, las masas de todo el país salieron a protestar. Con especial fuerza en el sur, donde llegaron a tener el control de sus territorios, por encima o en paralelo al poder oficial al que no reconocían. En diversas provincias y zonas de Apurímac, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Junín, Ica, La Libertad, Moquegua, Tacna, etc., la paralización fue total, en esas doce regiones (y luego todo el país) se declaró el estado de emergencia, bajo el control de las FFAA y la PNP que se comportaron como ejércitos de ocupación.
En cada plaza del país, miles de autoconvocados, comités de lucha y frentes de defensa, comunidades campesinas y pueblos originarios, y ―en mucho menor medida― organizaciones sindicales realizaban asambleas y ágoras para acordar sus medidas y objetivos. ¿Cuál ha sido entonces el detonante de ese levantamiento popular? ¿La consigna de adelanto de elecciones que lanzó en julio de 2022 el señor Sagasti, o el golpe de Estado contra el presidente Castillo? Qué duda cabe que la mayoría de peruanos no está conforme con las actuales autoridades, y que el pedido de adelanto de elecciones está presente en la medida que, de buena fe (y otros solo por aspiraciones electoreras), algunos tienen la esperanza que alguien nuevo venga a solucionar mágicamente los problemas del país. Pero el hito que marcó el levantamiento no se produjo en julio de 2022, se produjo el 7 diciembre de 2022. El golpe de Estado contra el presidente Castillo fue una afrenta contra el pueblo; fue un mensaje clasista, racista y centralista propinado por la derecha limeña contra el pueblo.
No fue un trabajo de masas de los sectores de la derecha y la izquierda liberal el que sacó a la gente a la calle bajo su orientación y consignas. Fueron las masas que luego de las lecciones aprendidas desde el Arequipazo hasta el Aymarazo; desde el Baguazo hasta el Conga no va; e incluyendo las luchas electorales, salieron a las calles a reclamar lo que consideraban el robo de su voto. Pero no solo eso, si no que ―a diferencia de las consignas de la lucha contra Merino del 2020, que hegemónicamente fueron antifujimoristas y planteaban como contradicción principal: democracia versus autoritarismo/dictadura, tecnócratas preparados vs. corruptos/improvisados― ahora se planteaba el cambio de las reglas de juego neoliberales expresadas en la constitución de 1993 y se disputaba el poder.
Este levantamiento popular ha sido inédito en las últimas décadas por tres motivos: la envergadura de sus acciones, la extensión territorial y temporal, así como la profundidad de sus objetivos. No solo han sido las “jornadas de lucha” acostumbradas de antaño, que se resumían en pasacalles y en mítines donde hablaban los mismos y se decía lo mismo de siempre. Han sido paros secos y bloqueos ―hasta 145 bloqueos de vías principales en un solo día (Defensoría del Pueblo, 2023)― con control de territorios y de lugares e instituciones estratégicas. No solo se ha tratado de una región o una provincia, por una semana o dos, como en los levantamientos de las últimas décadas. Han sido movilizaciones en todo el país y paros en todo el sur y otras regiones, durante meses, y en donde los objetivos no han sido reivindicaciones por servicios básicos o contra industrias extractivas o normas impopulares. La lucha ha sido por el poder. Así lo expresan los principales puntos consensuados de la plataforma del Comité Unificado de Lucha del Perú-CONULP que se sintetizan en salida de Dina Boluarte, cierre del Congreso, Asamblea Popular Constituyente, y libertad para todos los compañeros detenidos incluyendo al presidente Pedro Castillo (otras consignas como las restituciones de Pedro Castillo o de la Constitución de 1979 no han sido consensuadas y se siguen debatiendo a nivel de bases).
El CONULP surge el 5 de febrero de 2023 como un espacio de articulación de las regiones y organizaciones en lucha, y ante el vacío de dirección en Lima y a nivel nacional. En los hechos se constataba que no había una dirección centralizada que diera norte a las luchas, en términos castrenses había ejército, había voluntad de lucha, pero no había un comando mayor. Las direcciones de la ANP y la CGTP planteaban el adelanto de elecciones como salida, y en los hechos fueron desbordados por las bases movilizadas. Era y es un hecho evidente que los contingentes de regiones que llegaron por miles a Lima no se sentían representados por los aparatos burocráticos que pretendían dirigir sus luchas, por lo que deslindaban de sus métodos y objetivos. Las cúpulas hegemónicas de la ANP y la CGTP, lejos de reconocer esta realidad y dar la posta a las organizaciones del sur que eran la vanguardia del movimiento, fueron despreciativas y luego reactivas. Nunca trabajaron ni realizaron un paro nacional desde las organizaciones sindicales, se reunieron y reconocieron a Boluarte el 13 diciembre de 2022 (INFOBAE, 2022), cuando ya había seis compañeros de Apurímac fallecidos; nunca pusieron a disposición sus locales y albergues sindicales para los miles de provincianos que dormían en las plazas y calles de Lima; se volvieron a reunir con Boluarte y Otárola el 6 de febrero de 2023 (El Peruano, 2023), cuando ya había 47 compañeros asesinados.
En el marco de esas luchas, surgen también otras organizaciones incluso antes que el CONULP, y que no se veían representadas por las organizaciones sociales y políticas de Lima, como el Consejo Plurinacional del Tawantinsuyu y el Comité por la Libertad y Restitución de Pedro Castillo. Estas organizaciones populares han dado un paso más en sus reivindicaciones políticas y plantean la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo, pues ―más allá del personaje mismo― exigen se “respete el voto del pueblo” y se pide que el “presidente secuestrado (…) cumpla con sus promesas de campaña” (CPT, 2023). Esto se torna aún más relevante cuando una publicación del semanario Hildebrandt en sus 13 (2023) ha revelado que una encuesta de abril de 2023, elaborada por IPSOS y que no ha sido difundida por la prensa golpista, señala que el presidente Pedro Castillo sigue siendo el líder popular más votado. En un simulacro volvería a ganar a Keiko Fujimori, López Aliaga, Verónika Mendoza, etc. Ello a pesar de estar preso y recibir diariamente ataques de la derecha e incluso de un sector de la izquierda.
Desde nuestro particular punto de vista, y como participante en diversas actividades dentro de los sectores opositores a la dictadura, considero que el debate al interior ha tenido la siguiente dinámica:
- Mientras menos participaban las bases y más hablaban los representantes de partidos y organizaciones políticas, más peso tenían los siguientes planteamientos: “No estamos en un momento constituyente”, “adelanto de elecciones”, con sus subvariables “adelanto de elecciones y referéndum constituyente”, o “adelanto de elecciones, pero no por ahora pues ganaría la derecha”, todas negaban, expresa o calculadamente la libertad y restitución del presidente Castillo.
- Mientras más participación de bases movilizadas, las consignas eran “Asamblea Popular Constituyente”, “libertad y restitución del presidente Castillo”, “no renegociación de los contratos ley”, etc.
Consideramos que la Asamblea Popular Constituyente y la restitución del presidente Pedro Castillo, como expresión del respeto del mandato popular, plantean una salida por fuera de las instituciones hoy usurpadoras, y nos plantean el esfuerzo creativo de alumbrar nuevas instituciones realmente democráticas, parir una nueva sociedad, donde no todo será certezas. Una vez restituido el presidente Castillo, debe haber un pacto entre las fuerzas populares con suficiente poder coercitivo para asegurar el cumplimiento del programa político votado por la mayoría de peruanos.
Si el presidente se alejó del programa original, es el pueblo quien debe sancionarlo y no la derecha golpista
Se dice que no se tiene confianza en que el presidente Castillo cumpla con su proclama (por la cual está preso, mientras los que acusan están libres), asumiendo que sea así: ¿se tiene más confianza en el Congreso y en los organismos electorales copados por la dictadura? ¿Por qué se insiste en una salida institucionalista y se les pide a estos poderes usurpadores que convoquen a elecciones? La apuesta de un sector de la izquierda liberal que pide adelanto de elecciones pasa necesariamente por reconocer la dictadura de Boluarte y plantear no el cierre del Congreso, sino el simple cambio de su mesa directiva; darle el poder a la burguesía liberal y pretender cogobernar con ella (como se hizo con Sagasti el 2020-2021). Se dice que el presidente Castillo fue parte del continuismo neoliberal, ¿por qué entonces los neoliberales le dieron un golpe de estado, poniendo en riesgo la continuidad de sus propios negocios en medio la mayor convulsión social y arriesgándose que tarde o temprano sean juzgados por crímenes de lesa humanidad?
Existen sectores de la izquierda liberal limeña que en el fondo miran con desprecio a los pueblos del sur; pretenden dar lecciones de política, de organización, de ética desde una Lima que sirvió de freno a la lucha popular, tildándolos con soberbia como masas “anárquicas” o “emotivas”. Se ha pretendido dejar morir de inanición a los compañeros del sur, aislándolos e inmovilizando al movimiento sindical, todo ello para que una vez replegados intentar captar a algunos de sus elementos, apoderarse de las organizaciones populares, subirse a la ola y negociar con la derecha en nombre del pueblo. Es revelador que hoy todos los sectores que perdieron las elecciones en primera vuelta quieren adelanto de elecciones.
Por ello, algunos sectores, entre los cuales nos incluimos, insistimos en las siguientes medidas:
(1) La salida de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, mediante la participación masiva de todos los sectores dispuestos a derrocar la dictadura y el modelo neoliberal, así como la preparación de un paro nacional, en donde se ejerza el derecho de huelga y se paralicen los sectores neurálgicos del país.
(2) La libertad del presidente Pedro Castillo y de todos los detenidos, quienes se encuentra secuestrados por las fuerzas represivas de la dictadura y bajo el silencio cómplice del progresismo liberal. Cese de la persecución política, sanción a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y revisión de la legislación antiterrorista a fin de derogarla, conforme a lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (ONU, 2023).
(3) Respeto al mandato popular, lo que implica la inmediata restitución de Pedro Castillo a la presidencia y el retorno al 7 de diciembre de 2022, es decir al Estado de Derecho. El presidente Castillo no dio un golpe de Estado, pronunció un discurso político en defensa del mandato y contra los constantes intentos de golpe de estado en su contra. Discurso político que reflejaba los anhelos de la población: Cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y reorganización de los corruptos poderes del Estado. El proceso de vacancia y el proceso penal que permitieron su derrocamiento, santificaron la dictadura y la masacre, no son legales ni legítimos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exigido al Perú se garantice el debido proceso en ambos casos. Las masas y la justicia están de nuestro lado.
(4) Organizar la Asamblea Popular Constituyente, lanzando una campaña para activar el poder popular constituyente, recorriendo todos los pueblos del Perú, conformando en cada barrio, comunidad, distrito, provincia y región los comités de la Asamblea Popular Constituyente o los nombres más adecuados según cada realidad, realizando foros, ágoras, etc. y un referéndum popular constituyente.
* Agradecimientos a los aportes invaluables de Martín Guerra, Gabriel Cabrera, Ana María Lozada y César Burga.
** Abogado, militante de Izquierda Socialista. Dirigente del Comité Impulsor de la Asamblea Popular Constituyente y el Frente de Defensa de Carabayllo, e integrante del Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú – CONULP.
Bibliografía
Asamblea Nacional de los Pueblos (2022, diciembre 8)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=519560813545174&set=a.463461579155098
Consejo Plurinacional del Tawantinsuyu (2023). Pronunciamiento al pueblo peruano. Volante repartido el 5 de abril de 2023.
Defensoría del Pueblo. (2022, 7 de diciembre) Pronunciamiento ante crisis política. Comunicado. Recuperado el 18 de abril de 2023, de
https://www.gob.pe/institucion/defensoria/noticias/678187-pronunciamiento-ante-crisis-politica
Defensoría del Pueblo (2023) Informe Defensorial N° 190. Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto (Del 7 de diciembre de 2022 al 6 de marzo de 2023) Recuperado el 14 de abril de 2023, de https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-defensorial-n-190/
Elecciones Adelantadas y Nueva Constitución. (2022, diciembre 10). Recuperado el 17 de abril de 2023, de:
El Peruano (2023, febrero 7) Presidenta Boluarte se reunió con la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales. Recuperado el 26 de abril de 2023, de
Hildebrandt en sus trece. (2023, mayo 2).
https://twitter.com/ensustrece/status/1653396551606185994?cxt=HHwWlMC9terZhfItAAAA
INFOBAE. (2022, diciembre 14). CGTP respalda a Dina Boluarte: “Hay disposición de diálogo y de escucha”. Recuperado el 17 de abril de 2023, de
IPSOS. (s/f). ESTUDIO DE OPINIÓN Encuesta América TV / Ipsos – Abril 2023. Ipsos.com. Recuperado el 17 de abril de 2023, de https://www.ipsos.com/es-pe/encuesta-america-tv-ipsos-abril-2023
La República (2022a, julio 21). ¿Qué es Consenso Ciudadano, la iniciativa promovida por Francisco Sagasti para el adelanto de elecciones? La República.pe.
La República (2022b, diciembre 7). Embajada de EE. UU. en Perú rechaza el golpe de Estado tras intento de disolución del Congreso. La República.pe.
Mendoza, Verónika (2022, diciembre 7)
https://twitter.com/Vero_Mendoza_F/status/1600552902409404416?t=IBVT8Yu3D–lgCNu8htrtQ&s=08
ONU. (2023) Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el sexto informe periódico del Perú
