No solo violentaron el derecho a ser procesados en su idioma- protegidos por la ley judicial y el Convenio 169 de la OIT- sino también no les informaron, de que reconociendo los delitos del cual estaban acusados por la fiscalía y la procuraduría, iban a acabar en la cárcel.

Les obligaron a los jóvenes comuneros a reconocerse como culpables de delitos, pese a que protestar no es un delito. Es parte de un derecho fundamental.
Y les hicieron aprobar una conclusión anticipada de proceso.
Así, sea en el juez, la Corte Superior o la Corte Suprema, ese acuerdo los sentencia sí o sí.
Pero ese acuerdo y las sentencias son nulos y hay que denunciarlos ya.

A los abogados porque han traicionado deberes éticos de su profesión.
Y al poder judicial y fiscales hay que llevarlos ante la autoridad de control respectivos, por obrar desconociendo derechos fundamentales, o sea por mala praxis judicial.
Y para anular el aberrante proceso judicial contra los sentenciados jóvenes comuneros y lograr su excarcelación, debe iniciarse urgente un HABEAS CORPUS.
Habrá algún abogado del pueblo en el Cusco o en Lima, que dirija esos HABEAS CORPUS?

No hay que olvidar que ya el Tribunal Constitucional, en el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Dios logro anular SENTENCIAS JUDICIALES que ordenaron encarcelar a dirigentes comuneros presos y ordeno liberarlos de la cárcel y anular todas las normas y medidas estatales dictadas contra ellos.
Es hora que la Comunidad Indígena de Cuyo Grande del Cusco y las familias comuneras de los jóvenes sentenciados y el país inicien una cruzada en defensa de los comuneros sentenciados.
Y urge conocer los nombres de esos abogados traidores al derecho a la protesta.
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