Esta es una corrupta repartija de dinero público que no podemos permitir.
A fin de afianzar el golpe cívico-militar del 7-12-22 contra el Presidente Pedro Castillo, va este proyecto de ley.
Busca restablecer confianzas entre golpistas ahora que hasta los empresarios ya no creen en la dictadura.
No puede permitirse esta repartija, porque si no cada vez tendríamos que estar premiando a todo servidor público en actos cívicos que realizan.
Además, el operativo Chavín de Huántar tiene hasta hoy ejecuciones extrajudiciales que, por espíritu de cuerpo y conveniencia del Estado Contrainsurgente, no se han terminado de transparentar.
E incluso se terruquea a quien ose plantearlo.
El país no puede aceptar además esto dado que las arcas fiscales están en rojo y al cierre del año habrá US $ 30,000 millones de déficit fiscal.
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