AUTOR – ARTURO MANRIQUE GUZMÁN
SOCIÓLOGO
En la sociedad mundo actual, transversalizada por el crimen organizado en los distintos niveles de territorialidad, dentro y fuera del país, existe lo que se conoce como “efectos perversos” (que antes se denominaban “consecuencias no deseadas” o “no intencionales”) y el “riesgo calculado”, que no podemos ignorar sin asumir las consecuencias. La toma de decisiones en la política pública tiene que hacerse siempre teniendo en cuenta estos factores. Es algo que no se hace y, menos aún, se enseña en nuestras universidades.
Un buen ejemplo de eso es la “colaboración eficaz”, que responde a una normatividad bastante heterogénea en los distintos países de nuestra región, lo que favorece y amplifica aún más la criminalidad. En la práctica, este tipo de medidas alienta la corrupción y la delincuencia, además de que incrementa la anomia en la sociedad. La anomia, en este caso, no opera por “ausencia de normas”, como decía Durkheim, sino más bien por exceso normativo, que genera desorden y mayor incertidumbre en la sociedad. Hoy día cualquiera puede delinquir a la sombra de otro y, en caso de ser descubierto, queda bien librado apelando a la “colaboración eficaz”. El recurso último es la delación como medio de librar la responsabilidad individual.
Se trata de un riesgo calculado que, como ya ha sido señalado, alienta la delincuencia y la corrupción en la sociedad. “Si todos roban o delinquen, yo también lo hago”. Así razonan los delincuentes, asumiendo que “todos” somos como ellos. La ausencia de valores o, lo que vienen a ser lo mismo, el afán de lucro indiscriminado, que nos distingue entre el bien y el mal, entre lo legal y lo ilegal, iguala al delincuente con el común de los ciudadanos. Es por eso que hoy los delincuentes no viven precisamente “al margen de la ley”, sino que en muchos casos operan dentro de ella, y les permite además aspirar a la más alta jerarquía del poder. Y cuando un acto ilegal es lucrativo se busca la manera de “legalizarlo” o de diluir su sanción o hacer la ley menos punitiva. Eso ocurre, por ejemplo, con la minería ilegal y el “sanbenito” de que es un “problema social”. No es casualidad, en este orden (o desorden) de cosas, que la prensa llame “empresarios” a los delincuentes y corruptos que aparecen en los medios.
La “colaboración eficaz” no te hace inocente. Solo te exime la pena. El delincuente que apela a ella, sin embargo, se presume una personalidad digna de respeto en la sociedad, dizque “por haber colaborado con la justicia de su país”. De un tiempo a esta parte, si no todos, la mayoría de los “colaboradores de la justicia” son delincuentes probados que, en muchos casos, están siendo investigados por varios crímenes. En algunos casos, incluso, hay gente con antecedentes de violación y abuso sexual contra mujeres y niños. Eso no impide verlos como “colaboradores de la justicia que merecen respeto”.
Jueces y fiscales, por otro lado, ya no investigan los crímenes que están obligados a investigar, por ley. Esa es su función, pero ya no realizan su trabajo. Solo tramitan la “colaboración eficaz”. Esperan que un delincuente delate a otros y proporcione las “pruebas”. Estas “pruebas”, por supuesto, por la forma en que es obtenida, carece de objetividad o, dicho de otra manera, no tiene “valor probatorio”. Pero eso no importa, porque estás “pruebas” no están para ser validadas en los Tribunales de Justicia, sino alimentar y retroalimentar el “juicio mediático” en los medios de comunicación, que le sirven de comparsa.
Los fiscales hoy trabajan más con los medios, a los que filtran permanentemente la información que deberían mantener en reserva, que con el Poder Judicial. El mejor ejemplo de eso, pero no el único, es el pedido de vacancia presidencial de la Fiscal de la Nación, que pasó de frente al Congreso de la República, haciendo caso omiso del Poder Judicial. Los medios de comunicación, por supuesto, tampoco repararon en este detalle.
Los operadores de la justicia, en general, no miran y menos aún atacan al fenómeno criminal atendiendo a sus causas, sino que administran sus efectos, los efectos que tienen contra la sociedad. A eso llaman “administrar justicia”, por supuesto, sin tener en cuenta la reproducción ampliada que eso tiene en el fenómeno criminal. Bajo estas condiciones, no es casualidad que la delincuencia —delincuencia común y criminalidad organizada— crezca exponencialmente en el país; debería ser un “efecto esperado” en este orden de cosas, pero eso no entra en sus análisis. Luego, se quejan, señalando que ha crecido la “carga procesal”.
¿Cómo no va a crecer si ellos alientan la “colaboración eficaz” y, con eso, incentivan el crimen y la delincuencia en el país, a cambio de impunidad? La justicia, hoy, alienta la impunidad en nuestro Perú y eso, como no puede ocurrir de otra manera, incrementa aún más la criminalidad y, por consiguiente, la “carga procesal” de fiscales y jueces en todo el sistema.
Este es el “efecto perverso” que la colaboración eficaz tiene en nuestro país. No solo la torna ineficaz, sino que devalúa la justicia. En realidad, se trata de un efecto esperado. No reduce la criminalidad. Todo lo contrario, la incentiva, y promueve la impunidad. Se construye así una sociedad criminal transparente – SCT que incentiva, premia y reproduce (de manera ampliada) el crimen y la delincuencia y castiga y excluye la honradez y al buen ciudadano, cuando no siembra dudas en torno a él. Por eso, los delincuentes y corruptos repiten, como acto de fe, que “todos tienen un precio” y trabajan para hacer de esta expresión una “profecía autocumplida”.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Son los encargados de transparentar este orden criminal. Constituyen su “caja de resonancia”, cuando no operan directamente dentro de este orden, principalmente en el lavado de activos. Lo suyo, dicen sus defensores, es el “entretenimiento”, pero olvidan decir que parte de esta función es desviar la atención de los problemas de fondo que afectan a la población, entre ellos, el lavado de dinero, que permanece oculto y no se “transparenta”. Y lo mismo ocurre con los dineros de la publicidad estatal y el manejo de la información pública y privada. Por eso, sus dueños reclaman cuando se quiere sancionar la difusión o filtración de la información fiscal en los casos penales que se encuentran en investigación. George Bernard Shaw decía que “el cerebro de los necios transforma la filosofía en tontería, la ciencia en superstición y el arte en pedantería”. Informar es dar forma, traer a la forma, formatear el “cerebro de los necios” mediante la industria del “entretenimiento”, que nivela hacia abajo y rebaja al ciudadano en consumidor, cuando no lo embrutece. Los medios cumplen esa función en este país.
Eso también es corrupción. Octavio Paz nos dice que la corrupción comienza por la sintaxis. “La corrupción de la conducta de los seres humanos se inicia por la palabra. La corrupción de las palabras es la fuente de toda corrupción. Cuando las palabras se corrompen, la sociedad se corrompe. Una nación comienza a corromperse cuando se corrompe su sintaxis”. Y la sintaxis, hoy, la modelan los medios, cuando nos dicen que “el medio es el mensaje”, frase acuñada por Marshall McLuhan con evidentes “efectos perversos” en la autodenominada industria del “entretenimiento”.
La corrupción no es un problema que involucre únicamente a los funcionarios públicos. La corrupción está en la sociedad, y eso incluye a los privados y a los medios de comunicación, que no sólo la “aceitan” dentro del Estado, sino que la reproducen de manera cotidiana en el conjunto de la sociedad.
12 / 11 / 2022
